Enrique Ayala Mora

Fraude electoral

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Viernes 28 de septiembre 2018

Desde el inició de la República del Ecuador en 1830, las elecciones fueron limitadas y manipuladas. Solo un reducido grupo de varones, mayores de edad, alfabetos y con dinero, eran ciudadanos y podían votar. La gran mayoría; mujeres, trabajadores e indígenas no podían hacerlo. Con los años, se levantaron las restricciones de propiedad, pero las mujeres solo pudieron votar desde 1928 y los analfabetos desde 1978.

Aunque se incrementó el número de los votantes, el manejo electoral por los grupos de poder se mantuvo. Hasta se agudizó. Los gobiernos liberales propiciaron desde 1895 algunos avances democráticos como el laicismo, pero intensificaron el fraude electoral. En la elección de 1901, por ejemplo, el general Leonidas Plaza, tuvo más de 100 mil votos. Su contendor no llegó a los 3 mil.

El fraude era la norma. Se nombraba juntas electorales integradas solo por liberales gobiernistas puestos por los gobernadores y jefes políticos cantonales. El día de las votaciones, por orden de sus jefes, los soldados de las guarniciones militares votaban en todas las mesas por los candidatos oficiales. Los pocos conservadores o liberales de oposición que acudían se arriesgaban a que les impidieran votar o a ser vejados. En los escrutinios, los miembros de las juntas “hacían ganar” a los candidatos del gobierno. Luego, se perfeccionó la técnica de fraude. Ya no había atropellos en las votaciones, pero las juntas, que seguían siendo designadas por el gobierno, se reunían cuando se cerraban las urnas y hacían las actas según ordenaban las autoridades. Es famoso un telegrama de un jefe militar de El Oro: “Van 5 000 votos. Avisen cuántos faltan para mandar”.

El gobierno de Carlos Arroyo del Río (1940-1944) fue represivo y corrupto. Cuando impidió el retorno del candidato de oposición José María Velasco Ibarra e intentó hacer fraude a favor de su candidato, una enorme movilización nacional lo echó del poder. Desde 1945, quedó establecido un sistema electoral con órganos integrados por representantes de varias fuerzas políticas y desde entonces mejoró notablemente el sufragio.

Pero cuando llegó el correísmo al poder, eliminó la pluralidad de la integración de los organismos electorales y estableció un sistema en que el gobierno manejó a todos sus integrantes, sin garantías de trasparencia. Esa realidad fue superada con la consulta popular y la labor de institucionalización del país que cumple el Consejo de Participación transitorio, que eligió un Consejo Electoral que ha iniciado la tarea de garantizar, por primera vez en años, verticalidad y limpieza.

Gustavo Vega y sus compañeros de Consejo, que ya culminan sus funciones, han hecho un papel destacado. Iniciaron un nuevo camino democrático y plural para las futuras elecciones. Merecen la confianza nacional.