Lolo Echeverría

Enredos y soluciones

Cuando los políticos se enredan caen en la tentación de exigir a los jueces una solución salomónica. No todos los jueces están a la altura de tales exigencias. La judicialización de la política y la politización de la justicia son males de la democracia, pero son oportunidades para que los jueces hagan valer la autonomía y la prudencia del tercer poder del Estado.

La Corte Constitucional emitió un fallo que resuelve el problema de la capital con sabiduría y celeridad. El dictamen censura a los jueces que se saltaron el sorteo y concedieron el amparo al exalcalde, a la Corte Provincial por incumplir el debido proceso y le impone al Consejo de la Judicatura la tarea de hacer conocer a todos los jueces las vergonzosas conductas de los jueces cuyas sentencias han quedado sin efecto. El medroso Tribunal de lo Contencioso Electoral quedó apocado, no supo hacer cumplir su dictamen como le permite la ley.

Los enredos provocados por políticos mediocres, abogados audaces, jueces y tribunales incompetentes, han sido resueltos satisfactoriamente con un fallo de la Corte Constitucional aceptado por todos. Es un espaldarazo a la democracia.

La Asamblea Nacional está recién de ida, ha empezado a armar los enredos que pueden terminar también en manos de los jueces. Cinco integrantes del Consejo de Administración de la Asamblea decidieron devolver al Ejecutivo la Ley de Oportunidades alegando que contiene vicios de inconstitucionalidad como la falta de unidad de materia. Los cinco legisladores pertenecen a UNES, ID y PK, los partidos de oposición. ¿Qué hará el presidente Lasso?

Puede corregir los supuestos errores y volver a enviar el proyecto. Pero es imposible corregir los errores sin desbaratar la ley. No cabría que divida el proyecto en una docena de leyes. Tampoco puede alegar que haya sido rechazado por la Asamblea, porque ni siquiera llegó al plenario, simplemente no fue calificado. Si acaso buscaba que la Asamblea rechace el proyecto para justificar una consulta popular, la no calificación sería una picardía jurídica de estilo Yunda. Si el Ejecutivo decide convocar a consulta popular, la Corte deberá calificar la constitucionalidad del proyecto y decidir quién se equivocó, si el Legislativo o el Ejecutivo.

El presidente Guillermo Lasso puede apelar directamente a la muerte cruzada y repetir las elecciones con posibilidades de volver a ganar, pero esta vez con mejor representación de su partido en la Asamblea y posibilidades de gobernar sin trabas. Con respaldo legislativo puede, más adelante, plantear reformas importantes al sistema que heredamos del populismo. Si el presidente Lasso cree que corre riesgos innecesarios con la muerte cruzada o que puede producirse una crisis política y económica, tendrá que sufrir cuatro años con opositores que solo piensan en meter palos en las ruedas del gobierno.