Javier Méndez decidió en 2014 vivir en su apartamento en una transitada avenida de un barrio del sur de Ciudad de México por el panorama que desde el octavo piso le brindaban los ventanales a los volcanes que custodian la capital.
Pero la construcción de una torre residencial de 22 pisos, a un costado de su edificio, le desgaja los deseos de permanecer en esa vivienda, en el municipio de Benito Juárez, una de los 16 de la capital mexicana.
“Ocasionará más tráfico, más consumo de agua y de electricidad, más generación de basura. No deberían permitir ese tipo de construcciones. Además, es ilegal”, lamentó a IPS este maestro jubilado de 73 años.
La torre residencial trepará 22 pisos y hospedará 752 viviendas en un área de unos 12.000 metros cuadrados, mediante una inversión de unos 75 millones de dólares.
“No interesa hacer planes y cuando se tienen que hacer por ley, no interesa que la gente los conozca, y luego tratan de no cumplirlos. Detrás de este proceso están los intereses inmobiliarios”: Alfonso Iracheta.
Para Méndez, las autoridades urbanas no debieron conceder la autorización porque la constructora reporta una dirección única, cuando aglutinó varios predios para contar con la superficie requerida para erigir el edificio.
Además, colinda con una gasolinera, con los consecuentes riesgos ambientales, sanitarios e inmobiliarios.
“El terreno neto no da para construir una torre de ese tipo. Los planes urbanos no se respetan. Me tocó ver el boom inmobiliario, parte irregular”, señaló Méndez, fundador del no gubernamental Movimiento en Tierra Firme-Promoción y Protección Ciudadana.
Un grupo de vecinos se movilizó estérilmente para rechazar la edificación de grandes torres en la zona. En los alrededores ya construyeron cuatro y otros seis están en obra.
El fenómeno ejemplifica la voracidad constructora y la especulación que se ha adueñado de este país latinoamericano de 129 millones de habitantes, y especialmente de Ciudad de México.