Columnista Invitado
En el debate sobre la despenalización del aborto por violación un argumento de sus opositores es implementar medidas punitivas más fuertes, como penas más largas o incluso castración química a los violadores, en lugar de permitir que una mujer o una niña violada pueda abortar. “Salvemos las dos vidas” objetan.
Más allá de la tortura que puede significar para una mujer, no se diga una niña, el ser recipiente por 9 meses y luego parir tras un acto tan violento y execrable que marcará su vida para siempre, suena bien el que se ataque con más firmeza a la causa, des incentivando a los violadores con la amenaza de castigos más severos, pero ¿en realidad las penas más rigurosas disuaden a los delincuentes?
En su trabajo de 2013 “La disuasión en el siglo XXI”, el profesor y experto criminólogo Daniel S. Nagin, determinó que, al contrario de lo que se piensa sobre el supuesto cálculo racional que hace un delincuente antes de cometer un delito, éstos lo que en realidad sopesan es la posibilidad de ser atrapados antes que la sanción a la que se enfrentan, de la que además conocen muy poco, por lo que aumentar la severidad de los castigos resulta ineficaz. Lo que sucede, en cambio, es que en las cárceles se exacerba la reincidencia, los reclusos aprenden estrategias criminales más efectivas entre ellos y el tiempo en prisión los desensibiliza.
En cuanto a castigos físicos, como la pena de muerte, Nagin señala, al amparo de varios estudios previos, que “la investigación sobre el efecto disuasorio de la pena capital no es informativo sobre si ésta aumenta, disminuye o no tiene efecto sobre las tasas de homicidios”. Lo mismo se podría decir sobre la castración química.
Siendo que lo en realidad tiene efectos disuasorios en los criminales es la posibilidad de ser atrapados, en el tema específico de la violación, sobre todo de niñas, se debe recordar que la mayoría de los casos suceden dentro de entornos de confianza, como la familia, los amigos, la escuela o la iglesia, en los que la falta de educación sexual y el miedo, por un lado, y la certeza de impunidad por el otro, coadyuvan a generar un escenario que facilita su cometimiento.
Así, penalizar el aborto por violación tiene un efecto contraproducente que desincentiva la denuncia ante el temor de que se obligue a la denunciante a continuar con un embarazo no deseado, lo que a su vez genera un sentimiento de impunidad en los violadores, que es su incentivo para seguir violando.
De esta forma, en Ecuador se lograría mucho más despenalizando el aborto por violación, brindando educación sexual temprana y determinando políticas de vigilancia y acompañamiento a los sectores vulnerables, antes que endureciendo penas. Triste que nuestros legisladores no hayan podido o querido verlo así.