Sin duda alguna, las encuestas, representan una herramienta muy útil de obtención de datos sobre distintos temas. Generalmente son el soporte fundamental para recabar información, que sirve para plantear soluciones a problemas específicos. Permiten conocer la opinión ciudadana sobre aspectos relevantes. Bien utilizadas, son un instrumento valioso para levantar data confiable y construir líneas de base para proyectos, y por supuesto también son de gran utilidad para el ejercicio de la política.
Con las encuestas, es posible, identificar las necesidades más urgentes de la ciudadanía y lo que la gente piensa sobre democracia; instituciones; corrupción; empleo etc.
En elecciones, este recurso debe usarse con extrema rigurosidad. Por lo tanto, las empresas que lo aplican desde la asesoría política, deben cuidar de que los números que ofrecen a quienes las contratan, sean el reflejo de la realidad. No obstante, las recientes elecciones han puesto en cuestionamiento a las encuestadoras, y su uso ético de ese recurso.
La campaña electoral del proceso eleccionario que acaba de terminar, sorprendió a todos por los porcentajes que se presentaron a la colectividad, ya sea respecto de la intención de voto hacia los candidatos, así como también en relación a la consulta popular y referéndum.
Al final del día, resultó que los números difundidos no lograron atinarle ni a los candidatos ni a la consulta; es más, superaron de largo el margen de error. Esto ha demostrado que en el Ecuador, en esta ocasión –otra vez-, las encuestadoras no están siendo rigurosas en su trabajo. O lo que es peor, han desvirtuado su misión. Pues, privilegiando su visión de negocio, confunden a la ciudadanía y a los candidatos con datos totalmente alejados de la realidad, vendiendo la idea de que así podrán direccionar la votación de la gente.
Elecciones y encuestadoras son una excelente ecuación, siempre y cuando prime la ética, sino, se vuelven agentes de confusión.