Es tesis de este Gobierno es que el desarrollo económico no se logra dejando la iniciativa a la empresa privada, sino que el Estado debe ser proactivo, recurriendo entre otros incentivos a la protección frente a las importaciones, para dirigir la inversión privada a actividades innovadoras.
Se califica a esta estrategia de retorno a la sustitución de importaciones, que el Ecuador aplicó con fruición a partir del inicio de la explotación petrolera. Pero las autoridades tienen razón en protestar que es exactamente lo mismo.
La Senplades observa que el fracaso de la estrategia de los setenta se debió a que las importaciones de productos de consumo no se sustituyeron con productos nacionales, sino con insumos para producirlos. La estrategia hoy va más hacia la sustitución de los insumos para la producción de bienes finales.
Esa es la estrategia de encadenamientos productivos. Que las empresas ensambladoras busquen empresas ecuatorianas medianas que puedan suministrar partes que hoy importan.
El flamante Código de la Producción tiene entre sus objetivos propender a ese encadenamiento, y entre las industrias en que se busca lograrlo están la metalmecánica, automotriz y la farmacéutica. El Ministerio de la Producción apunta a que los automóviles de ensamblaje local tengan 20% de partes nacionales.
Otra herramienta para lograr este objetivo son las compras públicas, hoy que el Estado es el 43% de la economía. El Estado, al preferir las compras de productos nacionales o de mayor componente nacional en su fabricación, estimula la sustitución de insumos importados.
Uno de los motivos por los que el Gobierno rechaza los acuerdos de libre comercio es que traen una cláusula que garantiza igual trato en compras estatales a los suministradores de los países firmantes del los TLC, que a los suministradores locales.
Una candidata obvia para este proceso de sustitución de importaciones, debido a su envergadura y a la importancia de las compras públicas, es la industria petrolera, donde las principales contratistas son Petroecuador y Petroamazonas.
La flamante Ley de Hidrocarburos recoge este principio. Su reglamento dispone “dar preferencia a la industria nacional y su desarrollo tecnológico para lo cual, a igual estándar de calidad internacional y disponibilidad, se preferirá a esta, aun cuando sus precios sean superiores hasta en 15% a la competencia”.
En 40 años de actividad petrolera en el país, han surgido empresas nacionales competitivas en el suministro de insumos a la actividad petrolera.
El nuevo marco legal y la reactivación de la inversión petrolera que deben darse una vez firmados los nuevos contratos con las operadoras privadas brindan la oportunidad para una reactivación de la industria nacional de servicios petroleros.