Con el decreto de muerte cruzada promulgado por el Presidente Lasso el pasado miércoles 17 de mayo, con el que mandó a la casa a una Asamblea controlada por mediocres y golpistas, se abrió la puerta a un nuevo proceso electoral que el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido presto en poner en marcha. Sin embargo, ha empezado mal y explico el por qué:
El 3 de febrero de 2020 se promulgó una reforma al Código de la Democracia que, entre otros cambios importantes, modificó el Art. 90 a fin de que en las elecciones unipersonales y pluripersonales el 50% de las listas sean encabezadas por mujeres. La reforma también determina que los binomios presidenciales sean conformados por una mujer y un hombre o viceversa.
La disposición transitoria tercera de esa ley reformatoria estableció una aplicación progresiva de esas normas, las que deben cumplirse en un 100% en las elecciones subsiguientes a las de 2021, es decir, las elecciones anticipadas a las que concurriremos en pocos meses.
Sin embargo, el CNE ha resuelto hacer tabla rasa de esa disposición y ha determinado en un reglamento, a todas luces ilegal, que ni el 50% de las listas a Asambleístas sean encabezados por mujeres ni que los binomios presidenciales sean compuestos por mujeres y hombres por ser unas “elecciones excepcionales”, diferencia que no está contemplada en ninguna parte de la ley.
Esta incumplimiento no solo es una burla a la ley, sino que constituye un socavamiento a la lucha por la igualdad de género ya que limita la participación política de las mujeres. Además, le resta legitimidad a un proceso que deja de ser representativo y equitativo.
Así, se hace necesario que si el CNE no recula en esta ilegalidad, los actores políticos y las organizaciones sociales presenten los recursos necesarios a fin de garantizar la implementación de la paridad de género ordenada por la ley. Si queremos una sociedad más justa y democrática, la participación equitativa de hombres y mujeres es un componente esencial.