Los ataques terroristas perpetrados en Esmeraldas desde el 27 de enero dejaron ver cómo el narcotráfico ha permeado en esa provincia fronteriza. Una reciente investigación de este Diario reveló que los pobladores de los pequeños caseríos están aterrorizados por la presencia de mexicanos y colombianos que trafican droga por esas zonas.
El Gobierno tiene que saber lo que pasa allí. Los narcos han expulsado a los dueños de las fincas y se han apoderado de las tierras para esconder el alcaloide y sacarlo a Centroamérica y EE.UU. No hay denuncias. Las amenazas acallaron a los afectados.
Las playas abandonadas, usadas para que aterricen las avionetas ilegales, también están en poder de los brazos armados que manejan las mafias. Todos esos datos fueron cruzados y corroborados por policías locales. En Quito hubo silencio.
La autoridad debe saber, además, que en puntos casi abandonados de la zona costera funcionan locales en los que se venden joyas que sobrepasan los USD 1 400 y sus dueños solamente aceptan efectivo.
Otros negocios ofertan licores de hasta USD 180, cervezas americanas y mexicanas.
¿Quiénes son los consumidores? Nadie lo sabe. Lo único que dice la gente es que por eso sectores circulan camionetas 4×4 último modelo y con vidrios oscuros.
Pero hay más. En plena frontera, en territorio ecuatoriano, los militares descubrieron casas con sitios de distracción, con cinco o seis baños y con ocho o 10 cuartos.
La primera hipótesis de los soldados es que esas infraestructuras son usadas como puntos de descanso de los narcos y de los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.
Lo terrible es que los mismos comandantes reconocen no poder siquiera allanar los inmuebles, porque “se desconoce” a quién pertenecen. Entonces, hay que actuar más rápido y decir ¿de quién son esos inmuebles? ¿Cómo fueron adquiridos? ¿Para qué se utilizan?
Las fuerzas del orden deben desmantelar toda estructura que pueda apoyar a las mafias.