Penoso papel ha jugado el Consejo Nacional Electoral, desde su creación en 2008 (Sin olvidar, claro, el bochornoso desempeño del extinto Tribunal Supremo Electoral en la aprobación de la consulta popular para llamar a Asamblea Constituyente). Ya desde el “régimen de transición” determinado por la Constitución de 2008 la mayoría de sus vocalías fueron ocupadas por personas afines al gobierno de Alianza País (AP), siendo su primer presidente, Omar Simon, tan cercano a Rafael Correa que luego pasaría a ser su asesor y después su secretario, cargo en el cual incluso se ofreció como organizador de una posible pelea entre éste y el entonces asambleísta Andrés Paez.
La labor de ese CNE, además de organizar las elecciones de 2009, fue también la de nombrar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), eligiendo, obviamente, a simpatizantes del gobierno. Ese mismo CPCCS se encargó más tarde de elegir a los vocales del CNE que sustituyeron al presidido por Simon, y como no podía ser de otra manera, la mayoría eran cercanos a AP, siendo su presidente Domingo Paredes, quien luego de su salida del CNE no tendría ningún empacho en afiliarse a esa tienda política.
A Paredes le sucedió Juan Pablo Pozo, quien antes de ser vocal del CNE fue asesor de Fernando “El Corcho” Cordero en la Asamblea Nacional. El 2 de abril pasado, en la inauguración de la segunda vuelta de las elecciones generales, Pozo declaraba sin ambages: “Entre los mejores recuerdos y acciones que me llevaré cuando concluya la presidencia del CNE es haber coincidido históricamente con el presidente Rafael Correa”. En mayo Pozo fue condecorado por Correa con la Orden Nacional al Mérito en Gran Cruz.
La cooptación del organismo electoral por figuras próximas al gobierno ha sido uno de los factores que más ha contribuido a desnivelar la cancha de juego electoral entre el oficialismo y la oposición, en beneficio del primero y perjuicio de la segunda.
El casi nulo control del gasto del gobierno en campaña y las constantes acusaciones de fraude electoral así lo demuestran, aupando el autoritarismo competitivo del régimen de Correa.
Pozo cumple el próximo 29 de noviembre su periodo máximo de 6 años como vocal del CNE, al igual que Nubia Villacís y Paúl Salazar, y pese a condecoraciones interesadas, es lamentable el legado que dejarán, eso siempre y cuando no se prorroguen en sus funciones más allá del plazo permitido, lo que violaría la Constitución, la Ley y hasta el reciente Decreto Ejecutivo 190, ya que quienes deben ocupar esos cargos hasta la elección de nuevos vocales por parte del CPCCS (que irresponsablemente no realizó el proceso a tiempo), son los vocales suplentes. Pero visto lo visto, que se queden más tiempo que el legal no debería sorprendernos.