Puede extrañar la pregunta, porque en democracia es indispensable la existencia de las tres funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva y Judicial, cada una con sus facultades específicas, independencia y autonomía. Pero las experiencias con la Asamblea Legislativa son a tal punto negativas, que sería preferible su desaparición a que siga dañando la vida del país.
En los últimos años sus presidentes han creído, con una ignorancia manifiesta, que la labor de la Asamblea se debe juzgar por el número de leyes que expida. El país requiere leyes sensatas, realistas, bien elaboradas según la técnica jurídica e inclusive redactadas en forma inteligible y sin atentar contra el idioma castellano. En el país existe hoy una abundancia ridícula de leyes, reformas, reformas a las reformas, sin ningún sentido de orden y organización. Creer que los problemas de la nación se resuelven con nuevas leyes es de una estulticia manifiesta. Desde la ampulosa e incoherente Constitución de Montecristi, hasta las leyes de impuestos, de educación, de regulación de los sectores estratégicos, de comunicación y hasta el mamotreto de la ley de la Función Legislativa, todas han contribuido al desorden, la incongruencia y la inestabilidad jurídica. Lo ocurrido en los últimos días con las reformas a la “ley mordaza” es una muestra más de la inconfiabilidad de la Asamblea. En efecto, los legisladores cedieron mansamente a las presiones de publicistas y sus congéneres para mantener el Art. 98 con una redacción todavía peor a la que constaba en el texto original. Se persiste en la protección infinita a la publicidad de producción nacional, al prohibir que los medios difundan cualquier elemento no producido en territorio ecuatoriano. Mientras los agricultores e industriales tienen que competir con la importación de productos similares, algunos inclusive sin derechos arancelarios, los publicistas obligan al consumidor ecuatoriano a aceptar la calidad y precio de sus creaciones, porque solo ellas pueden ser divulgadas en el Ecuador. Pero, además, el nuevo Art. 98 de la Ley de Comunicación trata por igual a la publicidad producida en territorio ecuatoriano y a la generada en el exterior por ciudadanos ecuatorianos. Es claro el objetivo de esta disposición: publicistas locales que residen en el exterior, incluido el prófugo Fernando Alvarado, podrán dedicarse al negocio de elaborar productos publicitarios que se difundirán en territorio ecuatoriano sin ninguna restricción. Aprobar una norma de estas características debería ser razón suficiente para revocar el mandato a todos los legisladores que, sin dar paso al veto presidencial, votaron a favor de insistir en el texto aprobado por la Asamblea.
En realidad, no es posible eliminar la Asamblea, pero ya es hora de que el ciudadano elija diputados capaces y preparados para cumplir con rigor las funciones de legislar y fiscalizar.