Lo que viene ocurriendo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es cada vez más inquietante. En los últimos dos años, la institución atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia.
La entidad mantiene un hueco financiero que crece con el tiempo y que pone en riesgo el futuro de los pagos de pensiones para cerca de 460 000 jubilados. El golpe más reciente que tiene que soportar el IESS viene del presupuesto anual aprobado en diciembre del año pasado.
En el documento se advierte que al IESS le faltan USD 1 943 millones para pagar los gastos de pensiones y prestaciones de invalidez y muerte en el 2 017. Y, para aumentar la preocupación entre afiliados y jubilados, se acordó que la entidad utilice sus ahorros para cubrir las pensiones. Así la entidad desinvertirá USD 1 753 millones, una cifra no menor que hoy genera intereses.
Este hueco financiero tiene su origen en dos medidas ‘técnicas’ adoptadas por las autoridades de la entidad en los últimos años.
La primera se dio en abril del 2015, cuando se eliminó el porcentaje fijo del 40% de aporte del Estado para el pago de pensiones; en esta reforma legal se estableció que el aporte del Estado se haría “cuando haga falta”. Con el cambio en vigencia, la contribución del Estado pasó de USD 1 266 millones presupuestados en el año 2 015 a cero.
La segunda medida que compromete las pensiones fue la decisión del Consejo Directivo de reducir el aporte de pensiones para pasarlo a salud, desde noviembre del 2015.
El IESS argumenta que éstas y otras decisiones se las tomó tras estudios técnicos, elaborados por firmas extranjeras. Incluso sus autoridades dicen que el fondo de pensiones es sostenible hasta por lo menos el 2026.
Pero lo que está en juego no es poca cosa. Se trata de los aportes de más de 3,2 millones de afiliados y de las pensiones de los jubilados. Un tema de esa magnitud merece toda la seriedad de parte de quienes manejan el dinero de afiliados y jubilados.