“Se impone un examen de las tasas que pagamos para clarificar su legalidad y su destino. (…) Terminaremos pagando impuestos mentirosos a funcionarios corruptos”.
La ley establece atribuciones y limitaciones de los funcionarios públicos, sin embargo, se toman amplias atribuciones aprovechando la ambigüedad, las contradicciones y hasta la deliberada manipulación de leyes y reglamentos. En los organismos colegiados es peor, los designados cumplen consignas políticas de sus padrinos.
Los ciudadanos no entienden ni aceptan decisiones como el dictamen de la Corte Constitucional que declara ilegal una ley, once años después, cuando ya ha sido aplicada y reformada. Explicaciones sobran, la falta de magistrados, el número de casos acumulados, la ambigüedad de la norma, la mayoría. Cuando un dictamen no es razonable, se sospecha que no se juzga el pasado, que se prepara algo para el futuro.
Otra sorpresa es la decisión de crear un impuesto por parte del Consejo Provincial para mantenimiento de los caminos vecinales. Se entendía que tasa es el costo que paga el ciudadano por la provisión de un servicio como el agua, la energía, la recolección de basura. El impuesto es una contribución obligatoria que pagan los ciudadanos para la administración del Estado. La ley dice que los impuestos son de iniciativa del Ejecutivo y deben ser aprobados por la Asamblea. Esta tasa es un impuesto mentiroso que chantajea al ciudadano con la amenaza de cortarle el servicio. No importa si le llaman tasa, impuesto o contribución especial, es un abuso porque encarece los servicios que pagamos; ya no hay relación entre el servicio y el costo.
Se impone un examen de las tasas que pagamos los ciudadanos para clarificar su legalidad y su destino. Tengo un papel de la AMT que dice costo de la matrícula del vehículo 35 dólares y otro papel que dice valor de la matrícula 806,15 dólares. El mismo año, el mismo vehículo, la misma institución. Terminaremos pagando impuestos mentirosos a funcionarios corruptos que no dan el servicio que cobran. Nos queda la esperanza en que, después de once años, tengamos un dictamen que declare ilegal este impuesto.