Ejercicio de memoria

Al recordar la destitución de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2004, se han dicho verdades y se han repetido lugares comunes. Por ello, vale el ejercicio de la memoria.

Por ejemplo, se ha dicho que días antes, el Congreso había cometido una ilegalidad al reorganizar el Tribunal Constitucional. Pero hay una sustancial diferencia. Según la Constitución, los miembros del Tribunal eran nombrados por el Congreso. Y la designación que el Congreso había hecho de esos miembros adoleció de serias fallas. Por ello, fue legal que el organismo nominador designara nuevamente a sus integrantes, esta vez con el procedimiento correcto.

El 8 de diciembre del 2004, el Congreso resolvió a cesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró una nueva Corte. Se dio entonces un largo y violento debate. Se impugnó la legalidad de la convocatoria a la sesión y la capacidad jurídica del Congreso para proceder a la destitución. Pero, al fin, la moción fue aprobada.

A favor de la resolución se argumentó que el Congreso tenía atribución para designar magistrados de la Corte Suprema, en virtud de la disposición transitoria vigésima quinta de la Constitución, y que se debía combatir la "politización" de ese alto organismo.

Quienes nos opusimos sostuvimos que el Congreso no tenía atribución constitucional para ingerir en otra función del Estado, menos para destituir y nombrar a los miembros de la Corte. La disposición transitoria vigésima quinta no aplicaba, ni siquiera mencionaba, a los magistrados de la Corte. La resolución violaba groseramente varias normas constitucionales, principalmente los artículos 119, 199 y 202 de la Carta Fundamental.

Se trataba de superar la "politización" de la Corte, pero la lista de nuevos magistrados se había hecho a base de cuotas políticas de los partidos y personas que conformaban la mayoría, sin que en este caso, como se había logrado en la designación anterior, que hubiera un examen público de los candidatos y un procedimiento de estudio de sus calificaciones como profesionales del Derecho.

No hubo intención de superar la ingerencia política en la Corte Suprema, sino el objetivo de remplazar la de Febres Cordero por la de otros sectores políticos. La decisión se tomó por mayoría absoluta de los diputados que, de acuerdo con las normas parlamentarias, podían mantener el quórum para deliberar y votar sin necesidad de la presencia de quienes nos opusimos a la destitución de la Corte Suprema.

Ahora todo eso está claro. Los propios magistrados destituidos lo reconocen. Luego de revisar las actas, nos han pedido a quienes combatimos la decisión, que presentemos un testimonio ante la Corte Interamericana. Pero debemos hacer un ejercicio de memoria para recordarle al país que el peligro de manipulación del sistema judicial no ha desaparecido.