El aumento de la matrícula pública es el logro educativo más relevante de la revolución ciudadana. Un 96% en promedio han accedido a la educación básica. Casi 10 puntos ha mejorado en bachillerato. Pero, el fracaso hasta ahora: la mala calidad subsiste.
El referido avance es un fenómeno latinoamericano y mundial. Según la Unesco “entre 1999 y 2011 el número de niños sin escolarizar disminuyó casi a la mitad, de 107 a 57 millones”. Es un esfuerzo simultáneo de muchos países.
Sin embargo, la misma organización hace una alerta: “En estos momentos el progreso general en la consecución de la educación para todos se está estancando”.
En nuestro caso la preocupación de la Unesco podría tener asidero. Aparecen más evidencias de probables problemas que podrían afectar la continuidad de la educación de un número no determinado de chicos y chicas. Son datos que configuran una hipótesis a ser comprobada o negada por la investigación.
En efecto, diversas organizaciones indígenas denuncian el cierre de escuelas en zonas rurales en el marco de una restructuración del sistema educativo liderada por el MinEduc que se ha propuesto bajar a alrededor de 5 500 el número de establecimientos educativos del país.
¿Cuántos niños y niñas indígenas, montubios, afroecuatorianos y mestizos dejaron de estudiar por falta de escuelas o por la gran distancia de su casa a la nueva escuela?
Por otra parte, está pendiente evaluar el impacto del modelo “meritocrático”: ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes dejaron de estudiar por no tener las altísimas calificaciones requisito exigido para un cupo?
¿Cuántos jóvenes, desde hace años hasta la fecha, no continuaron sus estudios universitarios por no obtener en las evaluaciones los puntos exigidos por las autoridades?
¿Se podría estar viviendo no solo un estancamiento sino una regresión del acceso, un reforzamiento de la exclusión a los sectores más vulnerables del país?
¿Son las clases más acomodadas de la sociedad las mayores beneficiarias de las becas de la Senescyt? En estos días, la sociedad civil global a través de la Campaña Mundial por la Educación, ha presentado la necesidad de luchar por una educación inclusiva, particularmente visibilizado el drama de una parte de los excluidos, los niños y jóvenes discapacitados.
En nuestro país, según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de las 60 470 personas con discapacidad en edad de estudiar, 19 721 no estudian, 26 249 están en establecimientos públicos y 14 500 son atendidas por ONG.
Pero los que estudian son recibidos por docentes no formados, infraestructura y material didáctico inadecuado y una cultura escolar intolerante. En fin, la mala calidad educativa afecta a todos, no solo a los discapacitados.
Y la exclusión no solo está en el sistema educativo, sino en la sociedad.