La dictadura de Pinochet dejó implantando en Chile el puro y duro neoliberalismo en la educación, concebida como un negocio privado que el Estado debía regular y subsidiar, trasladando dinero público, a través de los alumnos, no solo a las instituciones públicas, sino a las particulares, buena parte de ellas consideradas “inversiones” como el comercio de petróleo, de electrodomésticos o de pollos a la brasa.
En todo el sistema educativo se impulsó la privatización. Y en el nivel universitario, el Estado fue reduciendo hasta el mínimo la contribución estatal para las instituciones superiores públicas, a tal punto que todas ellas, a veces con menos del 15% de su presupuesto cubierto con fondos públicos, tuvieron que autofinanciarse cobrando a los estudiantes.
De este modo, las instituciones superiores tuvieron que buscarse su vida a costa de los alumnos. Uno de los mecanismos fue un perverso sistema de entrega del apoyo estatal a la institución que el alumno eligiera, con lo cual, buena parte de los recursos estatales fueron a parar en la bolsa de negociantes privados de la educación, que lograron que el marketing reemplazara a la obligación del estado de financiar la educación pública.
Como ese subsidio resultó del todo insuficiente, la forma más socorrida para pagar la educación superior de los jóvenes pasó a ser el crédito de la banca, principalmente a los padres. De este modo, se generaron deudas enormes que las familias no pueden luego pagar sin comprometer buena parte de sus ingresos. La educación se transformó así en un mecanismo de empobrecimiento de las clases medias, cuando quedó fuera del alcance de los más pobres.
Varios gobiernos sucesivos de la “concertación” que empujó a Chile al sistema constitucional no afrontaron el problema de la educación comercializada y las deudas de la gente aumentaron, así como el oprobioso sistema de exclusión sobre el que se asentaban.
Ante la situación, se levantó la protesta de los universitarios, que lograron parar el país varias ocasiones. Las movilizaciones masivas se dieron ya en el anterior gobierno de Michelle Bachelet y arreciaron en el de Piñera, que no logró hallar una solución de fondo, que implicara emprender un camino a la gratuidad de la educación, un objetivo difícil, pero necesario.
Para su nuevo gobierno, Bachelet ha ofrecido emprender en una gran reforma educativa y enfrentar la cuestión bajo el principio de gratuidad de la educación. Por ello, entre otros motivos, recibió el apoyo de varias jóvenes dirigentes universitarias comunistas que lideraron las jornadas de lucha contra el sistema educativo antidemocrático y excluyente, llegando a ser electas como miembros de la nueva Legislatura.
En toda Latinoamérica hay expectativa por la reforma universitaria chilena. En esto Bachelet no puede fallar .