La educación es un bien público esencial. Sin una formación de calidad, inclusiva y equitativa, los países no romperán el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, niñas, jóvenes y adultos.
Esa certeza cobra aún más relevancia ante el impacto de la crisis del covid-19. Los países necesitan recuperar sus economías y superar las consecuencias causadas por la pandemia. La educación es clave para eso.
Un espacio de actuación impostergable de esta agenda es el de la agricultura y los territorios rurales. La materialización de su potencial requiere de la innovación y la tecnología.
En América Latina y el Caribe la agricultura es una actividad central. En los próximos años dará otro salto, incorporando las ventajas de la digitalización y otros avances tecnológicos.
Se trata de un cambio inexorable que requiere la formación de nuevas capacidades, porque la digitalización de la agricultura puede contribuir a aumentar la oferta y la calidad de los alimentos en el marco de una relación armónica con el medio ambiente.
Para acompañar estos procesos será necesario que la población rural y las nuevas generaciones accedan a una formación adecuada, que permita a la población de la ruralidad asumir un papel protagónico.
En los últimos años, organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus aliados en el sector privado como Microsoft, alertaron sobre la urgencia de atender a los problemas de la conectividad rural y el desarrollo de las habilidades digitales.
En la región hay 34 puntos porcentuales de diferencia en el acceso a la conectividad entre los ámbitos urbanos y rurales y limitaciones en el desarrollo de las habilidades digitales. Solo 33% de las escuelas tiene velocidad de internet suficiente.
Este es el camino para sentar las bases de una nueva ruralidad: mejor educación, conectividad y una población preparada para un uso intensivo e inteligente de las nuevas tecnologías.