Las noticias que llegan de Turquía son todas preocupantes. La más reciente es aquella del estado de emergencia.
Con ese motivo, el gobierno de Recept Tayyip Erdogan declaró suspendida la aplicación de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Si antes de la intentona golpista del viernes 15 la situación de la libertad de expresión ya era preocupante, la presión sobre medios críticos se agudiza.
El Presidente, ausente de la capital durante las tensas horas del golpe militar, volvió, se hizo fuerte y logró sacar mucha gente a las calles a respaldarlo.
En los días siguientes llegaron las represalias. Órdenes de prisión para más de 7 000 personas acusadas de estar involucradas en el acto golpista. Además la separación de 10 000 funcionarios sospechosos en el ejército, la justicia y los poderes públicos. Todo un escarmiento para quienes intenten oponerse o sublevarse contra el Régimen y la ley.
Más allá de la reacción internacional condenando el golpe de Estado , es inocultable que el presidente Erdogan ha impuesto un sistema de concentración de poder y uso de la fuerza en acciones tales como la toma de los parques y con represión en las protestas.
Turquía es una potencia militar y económica clave en el paso entre Occidente y Oriente, acosada también por la invasión de desplazados desde Siria debido a los ataques terroristas del Estado Islámico y otras tensiones geopolíticas mundiales. La paz interna y los derechos está en zozobra.