La pandemia, sin duda, ha provocado un retroceso de varios escalones en la reducción de la pobreza, la desigualdad y el empleo en América Latina y, específicamente, en el Ecuador. La incidencia de pobreza por ingresos en el país alcanzó, en el 2019 -antes de la crisis sanitaria- el 25%; en el área rural, el 41,8%. Debido al covid-19 y sus impactos socioeconómicos que se han extendido por un año y 10 meses, la pobreza a diciembre del 2021 ha subido al 27,7% a escala nacional y en la ruralidad abarca al 42,4%, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Hay que anotar que esta entidad realizó cambios metodológicos en el cálculo de estos indicadores, desde 2020 hasta mayo del 2021, por lo que se afectó la comparabilidad histórica de las estadísticas.
Sin embargo, luego la entidad resolvió recalcular los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021, siguiendo el esquema tradicional de cálculo para mantener la comparabilidad de las cifras.
Si solo se toma en cuenta la imagen actual es evidente que el área rural demanda más atención no solo del Estado sino de la sociedad en su conjunto. Se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a USD 85,60 mensuales y pobre extremo si recibe menos de USD 48,24. En las zonas rurales ecuatorianas, el 20,3% de la población está viviendo en pobreza extrema frente a 5,9% de las áreas urbanas. ¿Cómo este porcentaje de la ciudadanía está viviendo con menos de USD 2 diarios para subsistir? Es una pregunta de la que no podemos escapar si Ecuador busca la reducción de la proporción de adultos, adolescentes y niños que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, como parte de sus compromisos por alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030.
Los ocho años restantes serán determinantes para garantizar que los grupos más vulnerables vivan en hogares con servicios básicos y tengan similares derechos a la propiedad y la tenencia segura sobre la tierra, lo que redundará en personas más productivas. Esto cobra mayor relevancia tomando en cuenta que a diciembre pasado apenas el 20% de trabajadores rurales gozaba de un empleo adecuado. Por otro lado, los subempleados alcanzaron el 25,9% (la mayoría en informalidad) y hay 20,9% que tiene empleo no remunerado.