El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha sido uno de los inventos de la Constitución de Montecristi más cuestionados.
Si bien los enunciados que lo alumbraron evocaban una democracia más activa y el aporte social a la vida nacional, todo fue un fiasco.
El movimiento que alentó su existencia terminó cooptándolo y ahogando su legitimidad y razón de ser. Durante una década, fue funcional a una férrea concentración de poder y sus acciones sirvieron a intereses políticos lejanos al bien ciudadano.
La realidad de un Cpccs sin participación ciudadana le restó valor y jerarquía. En esa medida, su papel se convirtió en uno de los contenidos más importantes de la consulta popular para reinstitucionalizar las estructuras claramente desvencijadas, ya que fueron dinamitadas por un poder que no creía en la democracia.
Así surgió con gran apoyo ciudadano el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que preside Julio César Trujillo, y que deberá dar lugar al definitivo.
El proceso de reinstitucionalización en plazos perentorios a cargo del Cpccs transitorio ha experimentado tropiezos, pero en términos generales ha cumplido el objetivo.
Mientras se prepara la convocatoria a las urnas para elegir a los miembros del Consejo definitivo, surgen algunos cuestionamientos.
Quizá – y eso se advirtió y discutió a tiempo – no cabía una elección popular por la naturaleza del Cpccs.
Ahora Trujillo propone suprimirlo a través de una consulta. Políticos como el excandidato presidencial Guillermo Lasso coinciden con esa tesis, pues él propuso en la campaña eliminar ese poder inútil y costoso.
El debate se alimenta sobre la marcha. Algunos juristas piensan que el camino sería la Asamblea Nacional e incluso una Constituyente.
Por ahora, el proceso para escoger a los precandidatos sigue; se constata que, de los 201 postulantes, pocos provienen de las minorías.
El país estará expectante del trámite de las impugnaciones, pero sobre todo de la discusión y las decisiones sobre la vigencia del organismo.