6 de September de 2010 00:00

Vetos presidenciales

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Mientras el presidente Rafael Correa viajaba al Lejano Oriente, la Presidencia de la República remitía al Legislativo los vetos sobre los proyectos de Educación Superior, Código Territorial y Ley de Servicio Público.

Antes de leer siquiera el documento que fue producto de un acuerdo de distintos sectores legislativos y la Universidad ecuatoriana, el Presidente ya se pronunció por el veto. La decisión del viernes último ratificó los temores de la comunidad universitaria y levantará protestas. El Ejecutivo quiere controlar a la Universidad. Se dota de poderes preocupantes a la Secretaría de Educación, por encima de los Consejos de Educación Superior y Evaluación y se abroga para el Estado el control de los contenidos de las carreras. La elección de autoridades, aun de las universidades privadas, puede tener ingredientes políticos peligrosos. Más allá de estos riesgos evidentes está el poco respeto del Ejecutivo a los acuerdos parlamentarios y a la dinámica de consensos que con dificultad se logró en el debate nacional.

En relación con el Código Orgánico Territorial, el veto al artículo 172 solamente prolonga la vida de la Junta de Beneficencia por ocho años hasta que las regiones puedan tomar a su cargo las loterías y rifas. El veto no soluciona el problema sino que lo posterga. El veto tampoco asume el problema de fondo: La Junta de Beneficencia llega con su labor permanente allá donde la Salud Pública se ha mostrado todavía impotente.

La Asamblea tendrá 30 días para pronunciarse en estos casos, pero queda clara la voluntad política invariable de ejercer la co-legislatura. El presidente Correa quiere sentar un precedente en esta línea. Vetar, imponer, más allá de la buena práctica del diálogo y el consenso.

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