La lucha contra la corrupción sigue en la palestra. Dos actos tienen que ver con el tema: el veto presidencial y el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto para proteger a los denunciantes.
El veto total a la Ley que aprobó la Asamblea llamada Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción mereció críticas en el Parlamento en distintas vertientes políticas.
La decisión presidencial responde a lo que el presidente Lenín Moreno consideró como inconveniente, conforme lo explicó la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez.
Días antes, el dirigente de Concertación César Montúfar hizo llegar una carta al Presidente advirtiendo del riesgo de que cambiando la norma se modifique el tipo penal de la asociación ilícita ( el caso Glas). La Ley tuvo el apoyo de 107 legisladores pero para el denunciante llama a sospecha de que no se haya buscado reformar ningún otro tipo de los delitos existentes.
El Presidente, por intermedio de la secretaria Pesántez, dejó en la Asamblea un proyecto con 10 artículos para favorecer con una recompensa a quienes denuncien de modo fundamentado ( con informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan a investigar, localizar y recuperar activos).
Los delitos de corrupción y sus causas pendientes en la justicia han ocupado las primeras planas. Altos cargos del Régimen anterior están privados de su libertad o prófugos. Al Presidente le interesa la cirugía mayor, a fondo.