La Asamblea Nacional tiene desde ayer en sus manos el veto parcial del Presidente a la Ley de apoyo Humanitario.
El ente legislativo tiene, conforme a la norma vigente, 30 días para allanarse o insistir en algunas de las 32 objeciones presidenciales.
Uno de los temas más importantes es que el acuerdo entre empresarios y trabajadores, por las condiciones especiales del país, deberá durar un año con una prórroga máxima a otro año. Inicialmente se planteó el doble.
La jornada laboral podría reducirse en un máximo de 50 por ciento y la rebaja salarial, hasta un máximo de 55% de la remuneración por ese tiempo. Sobra decir que la reducción salarial debe ser proporcional.
La causal de fuerza mayor para suspender el trabajo debe ser plenamente demostrada. De este modo no se aceptan abusos patronales.
Por ninguna causa, un trabajador podría recibir menos del salario básico, incluso en el caso de que exista reducción de la jornada laboral.
No puede haber suspensión de servicios básicos ni incremento de tarifas por un tiempo determinado. Los valores adeudados deben ser cancelados y habrá cuotas asequibles.
Los seguros de salud deben seguir dando prestaciones. Ni siquiera una demora temporal por el tiempo que dure la emergencia es causa para denegar la atención de los pacientes.
Las escuelas, colegios y universidades no pueden establecer ninguna clase de impedimento para que los hijos e hijas de las personas que no puedan cubrir las pensiones de educación sigan asistiendo.
En las universidades, a más de la vigencia de esta norma, se debe estimular el crecimiento de becas.
Considera importante caminar cada vez más a la educación virtual, acentuando el uso de las tecnologías de la información en la educación.
La ley, luego de tensos debates, se aprobó en la Asamblea el 15 de mayo. El Ejecutivo tardó hasta ayer en formular el veto y dijo en repetidas ocasiones que respetará los acuerdos.
Ahora hay 30 días para el estudio legislativo. Cabe esperar que las principales asperezas entre las funciones del Estado se hayan limado.