Cuando en la mayorÃa de paÃses se arriba al año del aparecimiento del virus covid-19, el esfuerzo cientÃfico es notable pero insuficiente.
Hay una evidencia. La capacidad de gestión está ligada a la decisión polÃtica, a las oportunidades de adquisición de grandes cantidades de vacunas y al músculo financiero.
Como la vacuna es un bien preciado para salvar vidas y no abunda, se vuelve un problema no resuelto. Pero, a la vez, la administración de dosis ha traÃdo aparejada una actitud de ética ausente en altas autoridades.
Como en muchas cuestiones de economÃa y desarrollo, la pandemia desnudó a las sociedades frágiles y a los sistemas de salud más precarios.
La expansión de los contagios, la falta de agua potable y de acceso a la higiene y un suministro inadecuado de mascarillas enturbian el proceso.
Muchos seres humanos se han aislado, otros han accedido al teletrabajo y al teleestudio y allà la brecha de conectividad se nota. Hay personas sin suficientes computadoras, internet o teléfonos inteligentes. A ello se ha sumado la pérdida de millones de empleos en el mundo.
Pero la inequidad salta a la vista y es asà como hay un sobrante de 1 000 millones de dosis en el orbe. A tal punto llega esta realidad, que los paÃses más desarrollados debatieron en
la cumbre del G7 cómo llegar con vacunas adonde más las demanden.
En el Ecuador, la llegada de dosis ha sido Ãnfima. Sectores empresariales y algunos gobiernos autónomos plantean importar vacunas directamente. Urge para salvar vidas y reaÂnimar la producción. Pero hay problemas, la valoración cientÃfica de las vacunas, el riesgo de la aparición de vacunas falsas y el control de lo que puede ser un millonario negocio subterráneo exige extremo cuidado.
Mientras tanto, en paÃses como Argentina y Perú el abuso en el acceso a las dosis para servir a amigos de los ministros o a los propios funcionarios ha llevado a una cadena de renuncias pedidas por los presidentes, como debe ser en una democracia.
En Ecuador, el uso de dosis privilegiadas ni se aclara ni la autoridad da una señal de ética pública.