La noticia se divulgó con profusión por los medios de comunicación de muchos países. Un organismo de respeto y prestigio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA (CIDH), pidió medidas cautelares para los directivos y un articulista de El Universo, así como la suspensión de la sentencia. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana había ratificado la semana pasada el fallo de 3 años de prisión y USD 40 millones a favor del ciudadano Rafael Correa. La decisión de la CIDH, que buscará escuchar al Gobierno ecuatoriano y a los abogados de El Universo el 28 de marzo, fue calificada por el Presidente en su cuenta de Twitter como un “disparate total”. “Responderemos”, añadió. La Constitución de Montecristi, promovida con entusiasmo por el Régimen, manda en su artículo 424 que “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica y acto del poder público”.
El mandato es expreso. La CIDH es parte del sistema jurídico continental. El Ecuador es signatario de los convenios que la crearon y está obligado a cumplirlos. Sin embargo, nadie ignora la apreciación política que tiene el Gobierno sobre el tema.
El organismo conoce desde hace tiempo el caso de Ecuador y el riesgo que corre el país en este esencial derecho de libertad. No es, como dijo un desinformado actor político, producto de la improvisación. El pedido de medidas cautelares y la suspensión de la sentencia llegan tras un sesudo y meditado análisis jurídico de magistrados bien formados e independientes. El mundo sigue mirando preocupado lo que ocurre en el Ecuador.