Uno de los grandes temas de la Constitución de Montecristi aludía a un cambio en el modelo político-institucional.
Rodeada del discurso garantista de los derechos ciudadanos y dejando atrás la visión clásica de las tres funciones, la Asamblea Constituyente dio categoría de funciones al poder electoral y a la participación ciudadana.
En la práctica, la política real dejó a un lado las proclamas que inspiraban los cambios. Los órganos no lograron representar a la gente de a pie y poco a poco se fue revelando que el poder de turno se hacía del control de esas funciones. Ni un resquicio para la ciudadanía y tampoco un pequeño espacio para la oposición, que convenientemente se asociaba a un pasado que no volvería.
El ex contralor Carlos Pólit presidió durante dos años la Función que lleva el rimbombante nombre de Transparencia y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue elector de Pólit y su mecanismo de selección, un concurso de méritos, le dio 100 puntos sobre 100. Ahora sabemos que el ex funcionario estaba seguro de volver a ocupar el cargo, meses antes del concurso. Así se lo hacía saber al delator de Odebrecht.
Por eso, y aunque haga falta una reforma constitucional para un cambio en el que una buena parte de legisladores coincide, el Cpccs no goza de legitimidad para designar al reemplazante de Pólit, y sus integrantes le deben una explicación a una ciudadanía a la que nunca representaron.