El asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa deja una profunda preocupación en el país. Forma parte de una trágica estadística de los hechos violentos que sacuden el país, sea cualquiera el contexto en que ocurriera.
De lo que se conoce, dos personas llegaron hasta él y dispararon. Ahora hay una persona detenida. Según parientes de Mendúa, había recibido amenazas.
Es deber del Estado y de su Gobierno investigar este caso y también la de otros terribles asesinatos que ocurren en el país. Sin embargo, al haber sido Mendúa una figura política, el lamentable hecho también tiene repercusiones políticas.
De hecho, en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hay desconfianza sobre el proceso policial que se sigue en el caso. Desde el Gobierno, se afirma que los indicios apuntan que estas amenazas se debían a conflictos internos y que al menos cinco de las versiones obtenidas ayudaban a corroborar esta hipótesis.
Lo que debe imperar en este caso es que la Justicia actúe con todas las herramientas que le ofrece la Constitución y las leyes de la República para lograr la verdad. Es imperativo saber y detener a los autores del crimen y conocer sus motivaciones.