El Ecuador busca abrir sus inversiones a varios países para su desarrollo y la generación de empleo. Cuestionar los tratados de promoción y protección de inversiones tensa la cuerda de las relaciones comerciales internacionales y es un contrasentido.
En julio del 2009, el Gobierno dio por terminado el convenio por el cual se reconocía la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Están en entredicho en disputas de arbitraje USD 11 000 millones. La denuncia de los tratados no tiene efectos inmediatos. En algunos casos, tardarán 10 años en disolverse. Pero los efectos negativos, esos sí que se sienten inmediatamente. Esa consideración no fue ampliamente debatida ni analizada en la Asamblea Constituyente que no observó el contexto internacional ni las repercusiones que dichas normas podían suscitar si constaban en la Constitución.
Cuando se produjo el anuncio del fin del convenio, los sectores productivos expresaron su honda preocupación. Ahora la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los tratados con Francia, Suecia y los Países Bajos.
Las primeras repercusiones se dejan sentir. Analistas internacionales vinculan la denuncia de los tratados a la no participación de Alemania en la iniciativa del fondo para evitar la explotación petrolera en una zona del parque Yasuní-ITT. Se siembran dudas además sobre los resultados de una visita presidencial próxima a Alemania para buscar inversiones.
La seguridad jurídica es seria. La inobservancia de compromisos internacionales puede pasar una factura costosa a un país que requiere recursos para financiar su desarrollo y generar trabajo. Ecuador no puede aislarse de manera antihistórica en un mundo cada vez más globalizado.