Cuando las autoridades asumen su papel y toman medidas a favor de la colectividad, cabe aplaudir y apoyar las iniciativas. Es el caso de la voluntad, expresada en el Municipio, de regularizar el transporte escolar en la capital.
Lo ‘normal’, lamentablemente, ha sido que como buses escolares se adapten aquellos que por el largo tiempo de servicio, han dejado de emplearse en el transporte público. Entonces, con una ‘manito’ de pintura amarilla se enrolan en las filas del transporte escolar.
Es inaudito que la sociedad entregue la vida y seguridad de los niños y jóvenes a un tipo de servicio obsoleto y que muchas veces no cumple con los requisitos mínimos que debe exigirse: calidad de motores, modernos sistemas de frenos, cinturones de seguridad, etc.
Además, los conductores dedicados al transporte escolar debieran recibir un adiestramiento especial para el trato a los estudiantes.
Las cifras hablan por sí solas de la realidad del transporte escolar. De 420 000 estudiantes de Quito, el 80% se transporta en estos servicios, los demás lo hacen a pie o en transporte público, servicios particulares o familiares.
Hay 2 770 unidades de buses y busetas escolares. El Cabildo busca la regularización de entre 800 y 100 de estas unidades que no cumplen los requisitos mínimos. Según los propios dirigentes, no existen estudios técnicos que sustenten la situación del mercado, y se eviten monopolios.
La iniciativa municipal debe desarrollarse. Lo ideal sería -como se lo han propuesto varios concejales- que el estudio esté listo y el plan de regulación, en plena ejecución antes del inicio del nuevo año escolar.
Nuestros niños y jóvenes, al igual que sus familias, bien lo merecen.