Los cuatro niños de Guayaquil desaparecieron el 8 de diciembre, luego de un operativo en el que participaron dos patrullas militares de la Base Aérea de Taura. Este 31 de diciembre de 2024, el desenlace fue trágico: los menores fueron asesinados.
El hermetismo y el silencio de las autoridades militares sobre lo que les ocurrió generan incertidumbre en los padres de los cuatro niños, de entre 11 y 15 años, tras la revelación de que los cuatro cuerpos incinerados hallados en Taura son los niños desaparecidos.
La justicia ecuatoriana está en la obligación de esclarecer la desaparición y muerte de los cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil.
Es urgente que las autoridades, sobre todo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, proporcionen todos los detalles del operativo militar en el cual se detuvo a los cuatro niños. Las contradicciones entre las autoridades sobre la detención genera dudas entre la sociedad.
Los padres de los niños, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil exigen que haya transparencia en la investigación de esta desaparición, que fue calificada como forzada, por la jueza Tanya Loor, quien acogió un recurso de habeas corpus.
Transparencia para que se revele qué hicieron los militares con los niños, cuál fue el procedimiento que aplicaron en la detención, por qué no se siguieron los protocolos legales de la detención de niños.Â
Hay más interrogantes: por qué los maltrataron y golpearon, mientras estaban detenidos, por qué los trasladaron a Taura y no a la PolicÃa, dónde está el parte o informe de la detención. Esas y otras interrogantes que se hacen los padres.
Los videos que se conocieron a través de una sesión de la Asamblea Nacional muestran la detención y el maltrato que recibieron los niños, quienes vivÃan en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Esta conducta de los militares implicados debe ser investigada detenidamente y establecer las responsabilidades y, de ser el caso, sanciones, con más énfasis ahora que se conoció que los niños fueron golpeados, asesinados e incinerados.
La falta de certezas aumenta más las sospechas sobre la responsabilidad de los militares, con prisión preventiva desde el martes.
El caso de los cuatro niños no debe quedar en la impunidad. La justicia tiene que acelerar las investigaciones, esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en el olvido, como ha pasado con la desaparición del joven David Romo.