El Gobierno cambió de idea sobre una norma escritas en la Constitución de Montecristi en su artículo 401 cuando prohíbe la siembra de semillas transgénicas.
La tesis sostenida con fuerza por grupos ambientalistas y de productores agrícolas que antes estaban cercanos al Régimen es la de los impactos que pueden tener los sembríos con estos productos. Incluyeron su mensaje en la Constitución.
Se argumenta que al transformar genéticamente a las semillas se las torna resistentes a los herbicidas y a los insectos. Los detractores sostienen que mata malezas pero, además, modifica sensiblemente el ecosistema. El asunto se debate en los foros mundiales.
Países como Brasil, por ejemplo, han entrado en siembras intensivas lo que potencia la producción de varios cultivos, especialmente de maíz y soya. Alemania y Suecia se interesan en esta producción. El tema es el suministro abundante de alimentos.
El Gobierno ha cambiado de postura. Un viaje relámpago del Presidente a una universidad de EE.UU. y los intercambios con una gran empresa que estudia la materia podría marcar una reforma del próximo período legislativo.
Es un tema delicado que merece debate científico, análisis de variables productivas y tomar en cuenta los aspectos ambientales, tan importantes en un país de naturaleza fecunda y diversa, pero extremadamente sensible.
El tratamiento legislativo puede levantar el avispero.