Se inicia una marcha hacia Quito. Desde varias provinciales orientales y poblados de la Sierra, ciudadanos cercanos a la Confederación de Nacionalidades Indígenas se encaminan a la capital.
Para el 13 de agosto se anuncia la llegada; tienen planificado confluir con grupos afectos al FUT (Frente Unitario de Trabajadores). En junio, las capas medias mostraron su descontento por los proyectos de ley de herencias y de plusvalía.
Las anunciadas marchas vienen de otros sectores sociales, pero las dos manifestaciones reflejan malestar por el estado de cosas.
Las autoridades mencionan la falta de autorización para las movilizaciones mientras los manifestantes reivindican su derecho a la libre circulación. En todo caso, el derecho a la discrepancia y a la protesta está consagrado en la propia Constitución que el Gobierno patentó, desde luego sin violencia.
El Régimen hace lo suyo para minimizar la protesta. Crea diferentes grupos de apoyo, por ejemplo con agremiaciones de jubilados que le respaldan, grupos indígenas disidentes de la CONAIE, una central de trabajadores llamaba CUT (Central Única).
Pero también muestra debilidades en el accionar de su gran bloque en la Asamblea Nacional, al encargar la respuesta de las bases al canciller Ricardo Patiño y al seguir hablando de diálogo pero tratando en tono descalificador a quienes piensan distinto.
Vienen días de pulso social y político inquietantes.