El Consejo de Participación Ciudadana designó por decisión mayoritaria a Carlos Ochoa como nuevo superintendente de Comunicación, el primero desde la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación.
La polémica rodeó al nombre del primer integrante de la terna presidencial por varias causas: su reciente vinculación como director de noticias de un canal incautado que está en manos del Gobierno, sus acres comentarios contra la prensa privada y hasta las impugnaciones por la cercanía de la fecha de cumplimento del plazo de su titulación.
De la terna presentada por el Mandatario, su nombre era el de mayor cercanía con las tesis oficiales manifestadas en pantalla, como consta a la opinión pública. Los argumentos de los consejeros de minoría que se opusieron a su designación mostraron los vacíos evidentes en la Ley Orgánica de Comunicación. Mientras que para los miembros del Consejo de Regulación y del Consejo Consultivo había un listado de requisitos, los legisladores no pusieron ninguno para el Superintendente.
Para la vigencia plena de la libertad de expresión, un factor clave de la vida en democracia, lo ideal es tener autoridades independientes y no comprometidas. El Superintendente habrá de evaluar con imparcialidad y equilibrio temas que provengan de las publicaciones de medios privados y públicos, y actuar con equidad. Carlos Ochoa tiene la oportunidad de demostrar su distancia con el poder.