El perdón de la pena y la remisión del pago. Esos son los términos jurídicos del escrito que, como consecuencia del anuncio efectuado por el Presidente en la mañana de ayer, finaliza por ahora un triste episodio que ha puesto en riesgo libertades fundamentales. El juicio, instaurado a título personal contra los directivos, el ex editor de Opinión y el propio diario El Universo, solamente ha dejado profundas heridas en la conciencia nacional.
La causa instaurada por los contenidos de un artículo de opinión ha lastimado la vigencia de la libertad de expresión, que ha sido la primera derrotada en este espinoso juicio. Además, la plena independencia de los poderes del Estado ha quedado en entredicho con la innegable influencia y presión que el poder político ha ejercido sobre distintas instancias de la Función Judicial.
La presencia de fuerzas de seguridad y funcionarios de alto nivel político en un juicio que se supone fue una causa instaurada a título personal dejó mucho que desear. El empleo de espacios públicos y cadenas de televisión para esgrimir la postura del ciudadano querellante es otra de las lesiones cívicas causadas.
La atención de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo durante tantas horas ha consumido la energía que un mandatario requiere para la delicada tarea de gobernar.
El impacto ante la opinión pública internacional sobre lo que ha ocurrido dentro de este caso en los últimos meses ha dejado la imagen del Gobierno y del país en muy mal predicamento. El Ecuador quedó estigmatizado como un país donde el respeto a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental, se vulnera desde el más alto pedestal del poder. Esa es quizá la peor de las derrotas. Acaso este no es todavía un episodio cerrado.