Soluciones estructurales a la crisis carcelaria

La situación en los centros de rehabilitación social del país preocupa y agobia. El horror visto en la Penitenciaría del Litoral es el reflejo del límite al que ha llegado la crisis carcelaria. El estado de excepción no es una salida para buscar soluciones estructurales.

La definición de un plan estratégico no solo compete al Ejecutivo; es el momento de que exista una tarea coordinada entre las diferentes funciones del Estado y las instituciones que promueven el respeto a los derechos humanos. La cooperación internacional también puede ser un aporte importante. El tiempo apremia.

La violencia se ha desbordado y va más allá de las cárceles. La inseguridad es una de las mayores preocupaciones que inquieta a la sociedad.

En el diagnóstico de las causas de por qué se llegó a esta situación hay múltiples argumentos: eliminación del Ministerio de Justicia, extinción de la escuela de guías penitenciarios, falta de presupuesto, déficit de talento humano especializado, lentitud en la administración de justicia, hacinamiento, narcotráfico, corrupción.

En cuanto a las acciones por desarrollar, además del siempre necesario recurso presupuestario, las propuestas van desde la revisión de la actual legislación vigente hasta el uso progresivo de la fuerza, así como el porte de armas. Este tipo de argumentos debe ser analizado con absoluta responsabilidad y sin ligerezas. El populismo penal no es una alternativa para estos casos.

El incumplimiento de la rehabilitación social es notorio en las cárceles. La búsqueda de salidas demanda acciones conjuntas desde el Estado, deponiendo intereses particulares y apuntando en la misma dirección.

Por ahora, y tras la declaratoria del último estado de excepción (29 de septiembre), unos 3 600 agentes de la Policía y efectivos de Fuerzas Armadas se encuentran desplegados en los centros penitenciarios de todo el país. Allí se vive una tensa calma.

El país quiere ir en búsqueda de una reactivación después de la crisis sanitaria y económica que ha dejado la pandemia, y para ello la paz interna es fundamental. Los ciudadanos esperan garantías para su seguridad.

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