El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, elevó un delicado informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el Ecuador. Los datos son espeluznantes.
Dice el Relator que la tasa de homicidios se ha disparado en los últimos 20 años. Lo grave de todo es que tanto policías como fiscales se abstienen de investigar con frecuencia los casos en que las víctimas tienen antecedentes policiales.
El informe no posee datos comparables y existe una serie de inconsistencias entre las fuentes por cuanto los períodos atribuidos a la información no son homologables.
El homicidio subió de 1990 al 2009 de 10,3 por cada 100 000 habitantes a 18,7. Los sicarios casi nunca son capturados y se estima que entre el 11 y el 14% de los homicidios se cometieron por asesinos a sueldo, aunque establece que los medios exageran el problema.
Los sicarios cobran entre USD 20 y 10 000. Hay profesionales y otros no tanto. La actividad se convierte en modus vivendi ante la falta de trabajo. Hay casos de problemas familiares y chulco. Y hay sicarios hasta en la Policía.
Lo grave de todo es que esto denota el alto grado de impunidad del país y la poca transparencia de la justicia.
Llaman la atención al relator de la ONU los casos de “justicia por mano propia”, la aplicación de la justicia indígena y la confusión entre estas dos realidades. En una parte del informe se trata el tema de “limpieza social”, una abominable denominación para justificar muertes y ajusticiamientos, lo mismo que la existencia de las juntas rurales que actúan contra delincuentes ante la indefensión. Así empezaron las autodefensas en Colombia. Las FF.AA. han tendido dificultad para reprimir a los grupos armados ilegales.
Un tema tan delicado merece un tratamiento serio.