La industria hidrocarburífera es la que más altos réditos ha dejado en los últimos años a países como Ecuador o Venezuela. Sin embargo, el reciente episodio, que costó vidas humanas y cuyos efectos todavía no terminan de conjurarse en Amuay, Venezuela, deja hondas lecciones que hay que asimilar.
Las plantas de refinación en el Ecuador merecen tener una sofisticada y precisa revisión para garantizar su máxima eficiencia, pero sobre todo, ocuparse de la plena seguridad industrial de los trabajadores que en ellas operan, y evitar cualquier impacto en los vecinos de poblados aledaños y los daños ambientales que muchas veces acarrean. Debemos mirar con atención la manera de afrontar en el país este proceso. Ya ha habido tragedias e impactos que no deben volver a repetirse, y lo ocurrido en Venezuela debe obligarnos a extremar medidas de seguridad y chequeos técnicos, ajuste de equipos y procedimientos.
La refinería de Esmeraldas, por ejemplo, tiene un contrato firmado para su mejoramiento que cuesta USD 740 millones. Entre el nuevo equipamiento se cuenta con una unidad FCC que podrá optimizar la refinación de gasolina, asfalto, gas y diésel. Se estima que puede obtener un 20% más de gasolina que la que ahora se refina. El equipamiento, que debió iniciarse en 2010, hasta ahora está rezagado y la empresa coreana a cargo podría recibir multas y debe dar explicaciones. Petroecuador estima que durante tres años estarán expertos de EE.UU. para poner todo a punto y acompañar el proceso por un costo de USD 240 millones.
El cronograma y la reprogramación, movida en varias ocasiones, deberá finalizar el 2014.
Que la lección de Amuay ponga en línea prioritaria la seguridad del complejo petroquímico.