La noticia de la liberación de una hacendada ecuatoriana, secuestrada en el departamento colombiano de Nariño, deja al desnudo la vulnerabilidad de la zona de frontera.
Esta vez la acción conjunta de los órganos de seguridad de Ecuador y de Colombia fue positiva y devolvió la libertad a la ciudadana oriunda de San Gabriel (provincia del Carchi).
Pero, una vez más, la idea de una frontera permeable con graves perjuicios para ciudadanos ecuatorianos nos obliga a una seria reflexión.
Desde hace años se suceden las denuncias de operaciones delictivas -entre ellas secuestros- de grupos vinculados
al narcotráfico y la insurgencia, para financiar sus actividades ilícitas.
En casos como este, la acción mancomunada de las policías de ambos países suele ser fluida. Tal vez para estas situaciones la actividad de patrullaje fronterizo y las tareas de inteligencia merecen una concertación plena de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
En este tema, una participación de los militares está fundada, puesto que se trata de preservar la integridad territorial y la soberanía, no frente a alguna fuerza regular extranjera, pero sí para neutralizar o mitigar los impactos de grupos armados ilegales que vienen del país del norte.
Si hemos criticado la medida de buscar operaciones conjuntas de soldados y policías en tareas que son de competencia de la Policía Nacional, para custodiar la frontera y dar seguridad a los ecuatorianos un refuerzo coordinado se hace indispensable.