El muestreo, que organizó sobre la marcha el Consejo Nacional Electoral, ahora le parece insuficiente a la autoridad. Una revisión total de las firmas de los partidos y movimientos se anuncia ante el escándalo de la presunta falsificación.
En primera instancia se dijo que el número de inconsistencias no era significativo estadísticamente. Llamó la atención que haya sido el Presidente de la República quien advirtiera que tenía información de la irregularidad aun antes de que el máximo organismo del sufragio presentara la denuncia pública ante la Fiscalía.
Ahora se procederá a la revisión manual de todas las firmas, por pedido de la Fiscalía. Los jóvenes que fueron preparados al apuro tendrán este delicado encargo, pero el Consejo Nacional Electoral es el responsable en última instancia. Revisar cinco millones de firmas no es tarea fácil. Tampoco será fácil, para partidos y movimientos en proceso de aprobación y que no cuenten con las firmas suficientes, iniciar una recolección cuando se sospecha de todo el proceso.
Es difícil entender que cinco millones de ciudadanos, la tercera parte de la población y cerca del 40% del padrón, estén ahora afiliados o se adhieran a auspiciar partidos políticos y movimientos cuando ha sido tradicional el desapego a la militancia. Si se compró listados, si se insertó fraudulentamente a ciudadanos sin estar afiliados, es responsabilidad de las organizaciones políticas que lo hicieron, aun cuando sea con tan solo una firma.
De esa potencial responsabilidad no se libra ni el movimiento oficialista. Pero el Consejo Nacional Electoral debió verificar los datos antes del plazo de unas inscripciones que están aprobadas legalmente. En río revuelto, ¿quiénes serán los pescadores que salgan ganando?