Los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) han traído tranquilidad.
Luego del vértigo vivido dentro y fuera del organismo cuando era presidido por el sacerdote Carlos Tuárez y con una mayoría correísta, el juicio político y la destitución de los cuatro consejeros trajo calma.
Lo que se discute hoy en día es la acción del Cpccs en este tiempo, y mientras se resuelve cualquier modificación de su ámbito de acción y alcance de sus funciones, los nuevos directivos actúan con prudencia.
El debate en el Consejo Nacional Electoral deberá definir si hay lugar a una modificación del reglamento para dar paso a la recolección de firmas con miras a una consulta popular.
Dos grupos acudieron ante la Corte Constitucional con la finalidad de buscar una vía para cambiar la Constitución y acotar el poder del Cpccs.
La implementación de un ente que fue puesto al servicio del modelo de concentración de poder diseñado por la llamada revolución ciudadana, trajo como consecuencia un foro de consejeros sin voz propia y al servicio del Ejecutivo. Las consecuencias, como consta al país, fueron nefastas.
El Cpccs transitorio, basado en la consulta del año pasado, revisó varias de las designaciones nada independientes de distintos organismos y con su ex presidente Julio César Trujillo estimuló la reforma que podría ponerse en marcha.
El Comité formado por Trujillo y el Movimiento Ahora podrían juntar esfuerzos para tratar de juntar las más de 132 000 firmas requeridas para llevar la propuesta a las urnas.
Además, en la propuesta del grupo que lidera Pablo Dávila se busca volver a una doble cámara legislativa con funciones específicas de un eventual senado en la designación de autoridades. Y los proponentes persiguen proponer la independencia de la Fiscalía General respecto de la Función Judicial.
Lo importante por ahora es que el desenfrenado afán impuesto por el cura Tuárez y los intereses que lo movían se haya atenuado.
La consulta y su resultado serán motivo de otro debate nacional.