El Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha colocado, de nuevo, en el centro de una controversia. Un reciente informe de la Contraloría General del Estado confirma que hubo ‘fallas’ en el proceso de verificación de las firmas de los partidos y movimientos políticos del país.
El documento de 96 páginas ubica otra vez en el primer plano un caso que se activó en el 2012 y que se consideraba cerrado. Pero no es así.
Del reporte es posible sacar en limpio una serie de elementos en torno a las actuaciones del organismo electoral, entonces dirigido por Domingo Paredes. Así: la declaratoria de emergencia para la verificación de las rúbricas permitió al CNE la firma de contratos sin la necesidad de llamar a un concurso de ofertas.
Quizá son dos los más significativos reparos que trae el informe del organismo de control. Uno: califica de injustificado el contrato, por USD 1,98 millones, con la firma Controles SA. La causa: el sistema informático que dispone el CNE tiene mejores características -de almacenamiento, velocidad y seguridad- que el provisto por la empresa mencionada.
Y dos: no fueron confiables las bases de datos que se emplearon para verificar la validez de las firmas que presentaron los movimientos y partidos.
Conviene aclarar los reparos realizados por la Contraloría. Por una razón: el tema de fondo es la desconfianza alrededor de la validez del Registro Electoral de Organizaciones Políticas, como lo han señalado actores políticos a este Diario.