El proceso de reinstitucionalización del país, después de la devastadora década de Correa, sufre tropiezos.
Esta vez, la evaluación de la Corte Nacional de Justicia era una tarea prioritaria que se empeñaba en llevar adelante, con consultorías ad – hoc independientes, el Consejo de la Judicatura transitorio (CJt).
Pero durante algunas semanas la pugnacidad entre varios de sus vocales, el cruce de palabras y la formación de dos grupos conspiró contra la buena marcha de una entidad clave en este momento.
En vista de los hechos que son de dominio público, el ente nominador de los vocales del Consejo de la Judicatura, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs t), decidió, por unanimidad de sus miembros, acotar el encargo de la evaluación de los jueces de la Corte Nacional.
Ya se sabe, además, que el proceso de nominación de un Consejo Nacional de la Judicatura definitivo está en marcha, pero los pasos no son tan expeditos como la delicada situación que atraviesa el organismo merece.
Por si fuera poco, hay una complejidad adicional: de acuerdo con la normativa legal vigente, entre las entidades que confeccionen las ternas para la conformación definitiva del Consejo de la Judicatura está la propia Corte Nacional de Justicia.
La manzana de la discordia, en torno a su indispensable evaluación -después de la década de Correa, donde se metieron las manos a la Justicia-, es a su vez ente nominador del Consejo que debía evaluarla. Un dilema complicado y sin muchas salidas claras y aparentes a la vista.
Lo grave de todo es que los plazos que el mandato popular asignó y el alto encargo para organismos tan importantes como el Cpccs t y el CJt no son eternos, tienen fechas de expiración. Pero en el caso del CJ t, su labor ya se vio empañada por los enojosos episodios internos con discusiones tensas y momentos agrios.
La hora impone un llamado cívico a los responsables de la recomposición institucional para que depongan visiones individuales y prime el bien común, como el país espera.