Tras tensas discusiones y a poco tiempo de vigencia de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, llegaron nuevas reformas.
El país pierde valiosas vidas por accidentes y muchos ecuatorianos quedan lesionados. La estadística fatal muestra una cruda realidad que no solo se supera con leyes escritas sino con actitudes y acuerdos sociales mínimos.
En un país acostumbrado a reformar todas las normas legales -desde la Constitución- con la esperanza de mejorar, como si esa fuese la panacea, llegaron nuevos cambios. La sustitución de un nombre por otro (Agencia por Comisión, o Consejo) se cree la solución. En la Asamblea el bloque oficialista no dio quórum para tratar el tema.
Legisladores y observadores opinan que con el nuevo esquema se concentra poderes excesivos en la máxima autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito.
El cambio de la actual Comisión de Tránsito del Guayas tomará su tiempo. Sus ejecutivos consideran que apenas podrán ejercer su tarea en Guayas, Santa Elena (que antes fue parte de esa provincia) y la carretera entre Guayaquil – Machala en una primera instancia.
Para la legisladora de la comisión Silvia Salgado, el problema es más de fondo. Estima que se tardará al menos seis años en trasladar las competencias a los municipios conforme lo manda la Constitución. Se debe trazar una línea entre los entes municipales y el control de tránsito en carreteras que estará a cargo de la Comisión Nacional.
Mientras tanto, habrá que solucionar el trámite del millón de contravenciones que no han sido juzgadas, preservando el derecho a la defensa de los infractores.
Algo de fondo sigue en pie: la irresponsabilidad de los conductores y los fallos en las escuelas de choferes.