Reformas a la fuerza pública

Los cambios en la fuerza pública han vuelto a la palestra a propósito de recientes comentarios presidenciales. A más de críticas a los que califica de atavismos culturales como la diferencia de trato a la tropa y a la oficialidad, al comentario de que las Fuerzas Armadas se han convertido en terratenientes, e incluso a su visión sobre el actual papel de la conscripción, hay otros aspectos más estructurales.

Estos se recogen en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que espera el segundo debate en la Asamblea, así como en la Ley de Seguridad Pública. Todo esto como parte de la Política de la Defensa ideada en diciembre del 2011, tras los acontecimientos del 30 de septiembre de ese año, y que determinó la participación militar en la lucha contra los crímenes transnacionales y en el control del orden público, tarea reconocida por la Constitución como privativa de la Policía.

Una de las reformas planteadas en el Código es que las tareas de seguridad de los funcionarios públicos, que ahora están en manos de la fuerza pública, estén a cargo de un cuerpo civil llamado Servicio de Protección Público.

También está pendiente en la Asamblea una reforma a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que habla de cambios formales en los ascensos de los oficiales.

Este amplio paquete de reformas, por su importancia, debiera permear los despachos y recoger las mejores experiencias mundiales, para que perdure en el tiempo.

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