Una bandera de lucha del gobierno del presidente Rafael Correa ha sido la reforma del sistema de educación superior. El objetivo anunciado es la mejora de la calidad. Esa premisa es compartida por toda la sociedad.
Sin embargo, el proceso ha mostrado falencias y su aplicación entraña dificultades. Lo primero que surgió del proceso fue la eliminación de varias universidades que no cumplían con los estándares de calidad requeridos. Muchos estudiantes no encontraron cabida en el sistema, dejaron de estudiar o sus carreras no existían en otras instituciones académicas.
Otro problema evidente es la falta del número suficiente de profesores con títulos de PhD, de los que carece el país para llenar las vacantes dejadas. En poco tiempo no se podrá superar esa exigencia. Las universidades reclaman sobre todo un debate serio. Es importante que la diversidad de criterios sea escuchada, en muchos casos acogida, y las correcciones aceptadas por la autoridad. Es la comunidad universitaria la que conoce sus problemas y sus urgencias.
Es difícil pensar que se puede dotar al país de la universidad que se demanda a partir de un modelo vertical, que se impone desde la visión rígida de un Estado, con el pretexto de acabar con el corporativismo. Y que la uniformización sea la solución para un cambio complejo que necesita del consenso para ser duradero.