La reforma policial pendiente
La Policía Nacional vuelve a ser el centro de la atención pública, esta vez a propósito de un caso que aún tiene profundas connotaciones, como es la desaparición de los hermanos Restrepo en 1988, a manos del ex Servicio de Investigación Criminal (SIC).
El tema de los derechos humanos dentro de la institución y como responsabilidad estatal ha sido y sigue siendo difícil de manejar, al punto que un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos reporta 37 denuncias de ejecuciones extrajudiciales entre el 2009 y el 2010, es decir después de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, creada para investigar este tipo de delitos. En contrapartida, solo en este año se vulneró el derecho a la vida de nada menos que 60 policías.
El respeto a los derechos humanos es fundamental cuando se trata de prevenir y disuadir la comisión de delitos; por eso, debe ser uno de los pilares de la formación de los profesionales que lidian a diario con quienes delinquen y con sus víctimas.
Este aspecto tiene especial connotación cuando se viene hablando de reformas profundas a la institución, sobre todo después de los vergonzosos actos del 30-S y que desafortunadamente no han sido superados colectivamente.
Cuando las reformas propuestas a un año de la insubordinación mencionan un perfil comunitario para el policía; cuando se habla de un servicio civil de la investigación de la infracción; cuando, en suma, se intenta una reforma técnica que ojalá supere las visiones políticas sobre el crucial papel del policía en sociedades como la ecuatoriana, agobiada por la inseguridad, cabe esperar un consenso y un énfasis en prácticas respetuosas de los derechos.
No debe perderse más tiempo en la trascendental reforma pendiente. Esta debe tener un enfoque integral.