El plan económico del Gobierno se aclaró con la presentación de la nueva política hidrocarburífera, que establece un plan de acción para los próximos 100 días.
La propuesta luce ambiciosa, ya que busca cambios en todas las áreas: producción, transporte, refinación, distribución y comercialización del petróleo y sus derivados.
La nueva política parte de dos premisas. Por un lado responde a la visión de un Estado más pequeño, concentrado en el control y la regulación, lo que implica dejar en manos privadas actividades que hoy están a cargo de la petrolera estatal.
Por otro lado, reconoce la crisis fiscal, que hace imposible inyectar recursos en una industria que requiere inversión cuantiosa y permanente, no solo para sostener la producción de crudo sino para incrementarla, como es el plan del Gobierno.
La historia de las últimas dos décadas ha demostrado que el Estado no ha sido capaz de aumentar sustancialmente la producción de petróleo, pese a contar con los recursos.
A raíz de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en el 2004, la producción de los campos petroleros aumentó un 26% y superó los 500 000 barriles diarios, un volumen que se ha mantenido relativamente estable hasta la fecha.
El objetivo del Gobierno es duplicar la producción y llegar a un millón de barriles diarios al final en sus cuatro años de gestión. Para ello, se prevé delegar a firmas privadas los actuales campos de la estatal Petroecuador, así como permitir la inversión privada en la refinación y transporte de crudo y derivados.
También se propone hacer una revisión de los procesos de comercialización internacional de petróleo, un sector donde se manejan miles de millones de dólares en contratos de compra-venta de crudo y derivados.
El cambio de modelo en el sector hidrocarburífero es un tema que implicará reformas legales para modificar los contratos vigentes y permitir una mayor participación privada.
La Asamblea tendrá una ardua tarea para abordar esta reforma, que romperá estructuras de poder.