Con gran despliegue el Gobierno Nacional anunció en marzo que comenzaba la nueva era minera en el Ecuador. Después de la firma con la empresa china Ecuacorriente para explotar cobre en el sur del país, se esperaba el inmediato contrato con la canadiense Kinross, que no llegó.
Hoy se habla de la indispensable reforma a la Ley de Minería, de reciente aprobación, y aunque el proyecto todavía no llega a la Asamblea Nacional podría ser declarado como económico urgente para agilitar el trámite legislativo. La coyuntura política no es favorable para discutir un tema tan espinoso.
Se acerca la campaña electoral y uno de los candidatos más influyentes, Alberto Acosta, ex puntal del gobierno de Rafael Correa, es contrario a lo que llama extractivismo. Incluso escribió un libro (‘La Maldición de la Abundancia’) donde pone en duda el potencial, pero sobre todo critica el impacto ambiental y la afectación a las poblaciones y a las fuentes de agua.
Esa línea comparten los integrantes de la plataforma de su candidatura presidencial, vinculados a sectores sociales tradicionalmente opuestos a la minería a gran escala.
En esta materia, el Régimen privilegia la propaganda y los anuncios a la realidad. En marzo se firmaban los primeros contratos con la empresa china y se decía que poco faltaba para acoger a la firma canadiense. Hoy analistas aseguran que esa firma cambió el eje de sus inversiones hacia Rusia, removió a su Presidente y tiene otros planes. En diciembre del año pasado se establecieron acuerdos preliminares pero la firma de contratos hasta hoy no se concreta.
La tensión social y los debates que implica una reforma minera urgente en plena campaña podrían dejar el tema aparcado por un tiempo.