De esta semana no debiera pasar la reforma legal que el Ejecutivo anunció que enviaría a la Asamblea. Es el paso indispensable para buscar apoyo a su propuesta para salir de una crisis heredada.
A tres semanas de cumplir su primer año de mandato, la exigencia de crear fuentes de trabajo, superar el desempleo y hacer despegar la economía es cada vez más apremiante.
Es verdad que la Consulta Popular, la ‘cirugía mayor’ a la corrupción, el cambio en la Vicepresidencia tras la prisión de Jorge Glas, la defenestración del titular de la Asamblea Nacional y el juicio político al Fiscal, detuvieron el cambio económico, pero esa urgencia ya no puede esperar más.
Hace falta que llegue la ley y que la Asamblea haga su parte. Un buen signo es que ahí hay conciencia de la necesidad de abordar las leyes económicas.
Es imprescindible reactivar la producción, gestar la creación de fuentes de empleo, incentivar la inversión extranjera, con garantías y seguridad jurídica, y subsanar el déficit fiscal.
Los empresarios quieren que no se suban impuestos en seguros de vida y salud, remisión tributaria, eliminación del impuesto mínimo en el anticipo al impuesto a la renta, responsabilidad limitada de accionistas de las empresas, incentivo a las exportaciones y fortalecimiento del mercado de valores.
Son algunos de los compromisos del Gobierno con el empresariado. Mientras tanto, los trabajadores están preocupados por la flexibilidad laboral.