Al hablar de violencia en Ecuador, con frecuencia se piensa en operativos, cárceles, armamento y estrategias de seguridad. Pero las cifras más duras y persistentes revelan que la raíz del problema va mucho más allá: está en lo social, en lo que pasa —o no— dentro de los hogares, escuelas y comunidades. Y ahí se marca un reto para el país.
Uno de cada dos niños menores de cinco años sufre maltrato físico o psicológico, según Unicef. Y cada día, cinco niñas entre 10 y 14 años dan a luz, muchas veces en contextos de violencia estructural. Estas no son estadísticas aisladas: son señales de una sociedad que necesita sanar.
Es necesaria la creación de un ente articulador que conecte justicia, salud, educación y protección social para marcar un punto de inflexión.
A esto se suma un dato preocupante del Ministerio de Educación: al menos 450 000 niños y adolescentes están fuera del sistema escolar. Esta ausencia del Estado, en los territorios y en las trayectorias de vida, ha sido aprovechada por estructuras criminales que reclutan adolescentes, muchas veces a cambio de dinero, techo y comida. En ciertas provincias del Litoral, los grupos delincuenciales se han convertido en referentes, no por admiración, sino por falta de alternativas.
También las mujeres enfrentan un escenario alarmante. Solo entre enero y marzo de 2025, 82 mujeres y niñas fueron asesinadas. El feminicidio es una carga pesada en este país; muchas de estas mujeres han perdido sus vidas con violencia en contextos relacionados con grupos criminales. La edad promedio de las víctimas ha bajado a 19 años. En la mayoría de los casos, el arma usada fue de fuego. Y en cada caso, hay hijos que quedan en la orfandad, familias rotas, comunidades marcadas.
Frente a este panorama, el país necesita una estrategia social ambiciosa, con enfoque territorial, que no se limite a la respuesta policial. Fortalecer la educación pública, crear programas de empleo juvenil, garantizar acceso a salud mental, retomar políticas de protección a la niñez, generar opciones para madres adolescentes, son acciones posibles y necesarias.
Como señalan los expertos, es necesaria la creación de un ente articulador que conecte justicia, salud, educación y protección social para marcar un punto de inflexión.
No se trata de repartir culpas, sino de asumir responsabilidades compartidas. Las soluciones no vendrán solo desde el poder central. También los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional pueden y deben formar parte de una respuesta más amplia. La violencia no se desmonta únicamente con control: se reduce cuando el país ofrece opciones reales de vida digna.
El desafío es grande, pero no inabordable. Requiere visión, voluntad política y persistencia. Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el futuro mismo del país. Porque un Ecuador más justo y menos violento solo será posible si primero reconstruimos el tejido social que nos une.
