En la última cita de alto nivel de los presidentes de Ecuador y Colombia, ambos mandatarios acordaron la reapertura terrestre de la frontera común, con protocolos de bioseguridad.
Este miércoles 1 de diciembre será la primera vez que la abran desde que estalló la pandemia del coronavirus, en marzo del año pasado, lo que permitirá el paso tanto de ciudadanos como de transportistas.
En este tiempo, solo se permitía el paso de mercancías mediante un mecanismo de depósito en frontera, donde eran recogidas por transportistas del país, lo que hacía que el proceso fuera laborioso y el desplazamiento de cargas se tardara más.
Ese cierre alentó además a que aparecieran pasos clandestinos y se derivaran actividades de contrabando y hasta de tráfico de personas.
El Gobierno ecuatoriano ha señalado que se tomarán medidas de precaución y atención sanitaria en la frontera, para evitar la incidencia en los contagios de covid-19. Al parecer, todo está listo para reactivar el intercambio entre los dos países.
No obstante de esta decisión acordada por ambos Estados, existe preocupación en Carchi por el impacto económico que una decisión como esta puede ocasionar en el aparato productivo de la provincia.
Los comerciantes fronterizos, principalmente de Tulcán, advierten que esta reapertura los pone en desventaja frente a sus pares del lado colombiano. Antes de la pandemia, miles de ecuatorianos se desplazaban a Ipiales y a Pasto para ir de compras, por la ventaja del diferencial cambiario al utilizar el dólar.
Una de las alternativas que se han puesto sobre la mesa es aplicar incentivos tributarios puntuales, como declarar días sin IVA para favorecer al comercio local. Autoridades, gremios, cámaras de la producción y comerciantes delinean estrategias para presentar al Gobierno y buscar opciones ante un eventual impacto.
La reapertura de la frontera es un paso adelante en la normalización del intercambio comercial entre los dos países. Sin embargo, es factible establecer acciones ante posibles consecuencias del lado ecuatoriano.